Por Roberto Delgado, Publicado en LA GACETA, 26/03/2016
El 2 de enero de 2008, Juan Alberto Cerisola, entoces rector
de la UNT, hizo un poderoso nudo gordiano al declarar extinguida la necesidad
de concluir la Ciudad Universitaria y disminuir del 40% al 20% el
porcentaje de fondos que recibía la universidad por regalías mineras de
Yacimientos Mineros Aguas de Dionisio (YMAD). Ese otro 20% pasó a otras
40 universidades argentinas. El manejo que el ex rector hizo de los
aproximadamente $350 millones de pesos que recibió la UNT de la minería
entre 2006 y 2009 (para hacer la Ciudad Universitaria) está siendo
investigado por la Justicia desde 2009, a través de dos escandalosas
causas llamadas “Eudal” y “Sigen”.
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La causa ambiental duerme
La Justicia federal parece haber comenzado a moverse en este escándalo. Sin embargo, el denunciante de esta causa, Ramón Eudal, acaba de advertir que esta diligencia de la Justicia es una “cortina de humo para ocultar el verdadero problema”, que es la denuncia por contaminación que hizo contra la Minera Alumbrera (carta de lectores “La causa YMAD-UNT”, 21/3), que “duerme en los cajones de la Justicia Federal”. Efectivamente, esta causa se vincula con la que hizo hace 15 años el ex director de Medio Ambiente de la provincia, Juan Antonio González, quien afirma que la minera no tiene certificado de aptitud ambiental definitivo ni en el electroducto, ni en el mineraloducto, ni en la planta de filtrado y secado de Ranchillos; y ha planteado dudas sobre el volcado de efluentes en el río Salí. El que empujó las investigaciones ha sido el fiscal general Antonio Gustavo Gómez, a raíz de lo cual fue procesado en 2008 el ex directivo de la minera Julián Rooney. Este fue citado por Poviña a declarar, hace unos días, ocho años después del procesamiento, junto a Raúl Mentz y Michael Holmes. La empresa minera dijo (LA GACETA, 2/3) que cumplió con los requerimientos de las leyes y que tanto la UNT como la universidad de Santiago del Estero “han realizado durante años monitoreos externos sobre la calidad del agua de descarga y en el medio receptor y los resultados están en línea con las exigencias de la legislación de Tucumán”.
Pero a la minera la ensombrece la mancha de su actividad a cielo abierto, que genera controversias en todas partes y pánico por las consecuencias de la falta de control (actualmente conmociona el escándalo por el derrame de cianuro de la minera Barrick Gold en el complejo Veladero de San Juan). Ni siquiera los informes universitarios acallan los miedos, porque tanto la UNT como la de Santiago han recibido las regalías. De las 40 casas de altos estudios del país, sólo se opusieron a recibir dinero de la minería las universidades de Córdoba, de Río Cuarto y de Luján (Página/12, 19/12/09), y una quincena de facultades en el país. La universidad tucumana quedó fuera de la posibilidad de ser independiente en esta cuestión hace muchísimos años. Y el fiscal Gómez, que ha dicho que en el Norte “hay delito ambiental para hacer dulce” (La Nación, 11/3/12) sostiene que detrás de cada delito ambiental hay un funcionario corrupto y que por lo general es el propio Estado el que presiona contra las investigaciones. En su opinión, sólo se puede vencer la impunidad cuando es el mismo Estado el que toma la decisión o bien con fuerte participación popular. Si no, la Justicia va boyando sin resolver, sin condenar ni absolver, como ha ocurrido en esta causa, que Eudal señala como la madre de todas.
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http://www.lagaceta.com.ar/nota/675660/opinion/regalias-anudan-unt.html
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