Por Manuel Martínez Zuccardi - ex titular de UCIT y de la EEAOC - Diputado Nacional (MC)
Publicado en LA GACETA, 31 de mayo de 2015
El sistema que regula el mercado azucarero, tanto en sus aspectos fácticos como normativos, no genera las condiciones mínimas para ser estable. Además, no puede generar riqueza bien distribuida, que se oriente a un ciclo de superación de las contradicciones y de la crisis. Por el contrario, las dificultades se agudizan.
La producción de biocombustible, si bien es la trascendental alternativa para la economía regional de la caña de azúcar, y particularmente para Tucumán, debería ser creciente y de consolidación, y podría traer estabilidad y desarrollo al NOA. Al revés, funciona a partir de que unas pocas empresas están “autorizadas” por el Estado a producir el biocombustible, o sea un mercado cerrado -de número “clausus”- que se abrió en su momento y que mantiene la continuidad de un cierto privilegio, como si hubiese patentes de exclusividad. El resto de las fábricas no pueden acceder a la producción de biocombustibles, y tampoco se generan nuevas condiciones para que puedan hacerlo, ya que el mecanismos de cupos de producción las desplaza.
Es así como esta concentración productiva, a partir de decisiones del Estado, desnaturaliza y enturbia la perspectiva de que el alcohol combustible sea el futuro del sector, ya que la desigualdad mantenida por el Gobierno se extiende a todos los sectores, tanto cañeros como obreros. Por esta razón, se ha provocado la diferenciación de productores agrícolas y de obreros de primera o de alcoholeros con productores, o de cañeros y obreros no alcoholeros.
El plan del biocombustible a partir de alcohol está lejos de constituirse como una herramienta de transformación integral. La exención en el pago del impuesto a los combustibles, la fijación de precios rentables, los precios mayores y los diferenciales aún sobre el biocombustible proveniente del maíz, y otras promociones propias de un régimen que busque favorecer equitativamente al conjunto, se transforman y se convierten en subsidios parciales, en ventajas sin justificación de política económica donde se enriquecen algunos y se empobrecen otros.
No es un sistema de planificación económica objetiva y racionalmente implementado, sino de consideraciones personales y diferenciales del Estado, que crea mayores desviaciones y crisis. Es una caricatura de una política de fomento a la transformación, a la reconversión y a la promoción de un producto que responde a la seguridad ambiental y al desarrollo humano integral.
Esto se agudiza en cuanto el Estado provincial permite la compensación de exportaciones a pérdida y deficitarias de azúcar al mercado libre, que funciona con precios por debajo de los costos de los países productores más eficientes. En estos países, la producción de alcohol tiene ventajas impositivas, de precios y altamente rentables. Pero este mecanismo de compensación directa exime a los productores insertados en la producción de alcohol, sean ingenios, cañeros u obreros, de exportar y de recibir una triple ventaja.
En el país, el sistema no sólo es inequitativo sino que es desestructurante y excluyente. Además, es perverso porque genera condiciones de desequilibrio en el sector productivo, en el cual se condena a algunos a la consolidación y a otros a ser expulsados, sean industriales, cañeros u obreros. Los ingenios, los cañeros y los obreros del sector alcoholero, que significan el 38% de la caña molida y de la producción del sector en Tucumán, conforman una minoría desestabilizadora del restante 62%.
El proyecto para introducir el etanol proveniente de la caña de azúcar en la ecuación energética argentina, bandera de lucha compartida por años, se ha convertido en una deformación grotesca de un sistema que debe ser recuperado para el bien de todos. También sería muy bueno que se instrumente la vigencia del contrato agroindustrial de maquila de alcohol combustible, para que los cañeros puedan comercializar en forma directa.
Hay que “dar de nuevo” y distribuir la producción de alcohol con criterios de alta política para todos los industriales, los cañeros y los obreros, a un sistema de planificación que sea útil y que mediante la significación económica y social del sector sucroalcoholero, la comunidad tucumana en su conjunto sea quien se beneficie de los sacrificios de los subsidios, de las exenciones y de los otros instrumentos de promoción que tiene el alcohol de caña.
http://www.lagaceta.com.ar/nota/639610/economia/produccion-biocombustibles-debe-incluir-toda-industria-azucarera.html
Publicado en LA GACETA, 31 de mayo de 2015
El sistema que regula el mercado azucarero, tanto en sus aspectos fácticos como normativos, no genera las condiciones mínimas para ser estable. Además, no puede generar riqueza bien distribuida, que se oriente a un ciclo de superación de las contradicciones y de la crisis. Por el contrario, las dificultades se agudizan.
La producción de biocombustible, si bien es la trascendental alternativa para la economía regional de la caña de azúcar, y particularmente para Tucumán, debería ser creciente y de consolidación, y podría traer estabilidad y desarrollo al NOA. Al revés, funciona a partir de que unas pocas empresas están “autorizadas” por el Estado a producir el biocombustible, o sea un mercado cerrado -de número “clausus”- que se abrió en su momento y que mantiene la continuidad de un cierto privilegio, como si hubiese patentes de exclusividad. El resto de las fábricas no pueden acceder a la producción de biocombustibles, y tampoco se generan nuevas condiciones para que puedan hacerlo, ya que el mecanismos de cupos de producción las desplaza.
Es así como esta concentración productiva, a partir de decisiones del Estado, desnaturaliza y enturbia la perspectiva de que el alcohol combustible sea el futuro del sector, ya que la desigualdad mantenida por el Gobierno se extiende a todos los sectores, tanto cañeros como obreros. Por esta razón, se ha provocado la diferenciación de productores agrícolas y de obreros de primera o de alcoholeros con productores, o de cañeros y obreros no alcoholeros.
El plan del biocombustible a partir de alcohol está lejos de constituirse como una herramienta de transformación integral. La exención en el pago del impuesto a los combustibles, la fijación de precios rentables, los precios mayores y los diferenciales aún sobre el biocombustible proveniente del maíz, y otras promociones propias de un régimen que busque favorecer equitativamente al conjunto, se transforman y se convierten en subsidios parciales, en ventajas sin justificación de política económica donde se enriquecen algunos y se empobrecen otros.
No es un sistema de planificación económica objetiva y racionalmente implementado, sino de consideraciones personales y diferenciales del Estado, que crea mayores desviaciones y crisis. Es una caricatura de una política de fomento a la transformación, a la reconversión y a la promoción de un producto que responde a la seguridad ambiental y al desarrollo humano integral.
Esto se agudiza en cuanto el Estado provincial permite la compensación de exportaciones a pérdida y deficitarias de azúcar al mercado libre, que funciona con precios por debajo de los costos de los países productores más eficientes. En estos países, la producción de alcohol tiene ventajas impositivas, de precios y altamente rentables. Pero este mecanismo de compensación directa exime a los productores insertados en la producción de alcohol, sean ingenios, cañeros u obreros, de exportar y de recibir una triple ventaja.
En el país, el sistema no sólo es inequitativo sino que es desestructurante y excluyente. Además, es perverso porque genera condiciones de desequilibrio en el sector productivo, en el cual se condena a algunos a la consolidación y a otros a ser expulsados, sean industriales, cañeros u obreros. Los ingenios, los cañeros y los obreros del sector alcoholero, que significan el 38% de la caña molida y de la producción del sector en Tucumán, conforman una minoría desestabilizadora del restante 62%.
El proyecto para introducir el etanol proveniente de la caña de azúcar en la ecuación energética argentina, bandera de lucha compartida por años, se ha convertido en una deformación grotesca de un sistema que debe ser recuperado para el bien de todos. También sería muy bueno que se instrumente la vigencia del contrato agroindustrial de maquila de alcohol combustible, para que los cañeros puedan comercializar en forma directa.
Hay que “dar de nuevo” y distribuir la producción de alcohol con criterios de alta política para todos los industriales, los cañeros y los obreros, a un sistema de planificación que sea útil y que mediante la significación económica y social del sector sucroalcoholero, la comunidad tucumana en su conjunto sea quien se beneficie de los sacrificios de los subsidios, de las exenciones y de los otros instrumentos de promoción que tiene el alcohol de caña.
http://www.lagaceta.com.ar/nota/639610/economia/produccion-biocombustibles-debe-incluir-toda-industria-azucarera.html
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